Porque los coches nuevos podrían costar más.
30 de agosto de 2026

Las nuevas obligaciones de los cargadores públicos eléctricos en Europa

            La infraestructura de recarga pública en Europa requiere una expansión significativa tanto en términos de cantidad como de alcance. En Bruselas se ha expresado la voluntad de abordar uno de los problemas que actualmente genera mayor fricción: la falta de homogeneidad en lo que respecta a los pagos y la falta de conocimiento del coste real de una sesión antes de cargar el vehículo. 

            Este es uno de los pilares fundamentales del Reglamento (UE) 2023/1804, también denominado AFIR, que establece normas comunes para las infraestructuras de combustibles alternativos. La norma ya se encuentra en vigor y afecta tanto al despliegue de cargadores como a la información que reciben los usuarios, los sistemas de pago y la cobertura mínima que deberá existir en las principales carreteras europeas.

El precio tendrá que estar claro antes de empezar a cargar.

            AFIR establece la transparencia, comparabilidad y no discriminación como principios fundamentales en la definición de las tarifas de los puntos públicos. En los cargadores de 50 kW o más, el precio de una recarga puntual deberá expresarse tomando como referencia el coste por kWh pudiendo añadirse una tarifa por minuto si se utiliza para penalizar una ocupación excesiva del poste.

            Asimismo, es imperativo que dicha información esté a su disposición antes del inicio de la sesión. En los cargadores de menos de 50 kW también deberán detallarse todos los conceptos aplicables, incluyendo precio por kWh, por minuto, por sesión o cualquier otro cargo adicional. Estas obligaciones se aplican a los puntos desplegados a partir del 13 de abril de 2024.

            La regulación tiene como objetivo principal reducir la dependencia de aplicaciones, cuentas de usuario o contratos previos con cada operador. Los nuevos puntos públicos deben permitir una recarga puntual. A partir de abril de 2024, se exigirá la aceptación de algún sistema de pago electrónico de uso generalizado en la Unión Europea para los instalados. 

            En instalaciones de 50 kW o más, se requiere disponer de un lector de tarjetas o de un sistema contactless compatible con ellas. Para potencias inferiores, se admiten alternativas que permitan realizar pagos seguros a través de Internet, como determinados códigos QR. Además, a partir del 1 de enero de 2027, esta exigencia se aplicará también a los puntos de al menos 50 kW ubicados en la red TEN-T y en determinadas zonas de estacionamiento seguro, aunque sean anteriores a abril de 2024.

También habrá más exigencias para viajar por carretera.

            AFIR no se limita al funcionamiento individual de los cargadores. El reglamento establece objetivos mínimos para ampliar la infraestructura en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), con el propósito de reducir los grandes tramos sin posibilidades de recarga en los principales corredores de la Unión Europea.

            En lo que respecta a turismos y vehículos comerciales ligeros, la norma establece de manera progresiva la separación de los grupos de recarga por un máximo de 60 kilómetros en determinados tramos de la red transeuropea de transporte (TEN-T), además de requisitos mínimos de potencia conjunta y cargadores individuales de alta potencia. Los vehículos pesados cuentan con sus propios objetivos de cobertura y potencia, que se irán endureciendo durante los próximos años.

            Es imperativo que se establezca de manera inmediata la conectividad de la infraestructura. A partir del 14 de octubre de 2024, todos los puntos públicos operados deberán estar interconectados digitalmente, lo que facilitará el intercambio de información sobre aspectos tales como su disponibilidad, funcionamiento y características. 

            El cambio que propone AFIR implica una transformación que va más allá de la simple instalación de postes. La normativa estipula la implementación de un marco común para toda la Unión Europea, que exige la transparencia en la divulgación de precios antes de la carga, la disponibilidad de opciones de pago sin la necesidad de una contratación previa con cada operador y el desarrollo de una red que garantice una mayor homogeneidad en los desplazamientos de gran envergadura.

 

 

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