El robo de cobre de los cargadores en las estaciones de carga rápida
El despliegue del coche eléctrico está generando un nuevo panorama para la movilidad en España. Sin embargo, este cambio no solo representa una oportunidad para la innovación y el desarrollo sostenible, sino que también plantea desafíos en materia de seguridad. Durante años, la infraestructura ferroviaria ha sido uno de los principales objetivos de las bandas dedicadas a sustraer el cobre, pero la expansión de las estaciones de recarga ha abierto un nuevo curso de acción: ir a por las mangueras de los cargadores de alta potencia, cuyo contenido en cobre y lo desprotegidas que están las convierten en un objetivo muy atractivo.
El problema que se genera por esta práctica va más allá del valor económico del material robado, aunque ya de por sí es alto, y supone también una amenaza para el despliegue y la operatividad de la red de recarga en el territorio español.
Las cifras reflejan la dimensión del fenómeno.
En Cataluña, por ejemplo, la situación ha llegado a manifestarse a través de casos significativos. De acuerdo con la información proporcionada por el periódico La Vanguardia, en el mes de septiembre Endesa registró un total de 33 incidentes de naturaleza vandálica en los puntos de recarga pertenecientes a la comunidad. Estos incidentes representan aproximadamente un tercio del total de casos contabilizados por la compañía a nivel nacional, con un mayor número de incidentes ocurriendo en las ciudades de Barcelona y Tarragona.
El modus operandi suele ser similar en todos los casos. Los delincuentes suelen actuar en estaciones de distintos operadores, preferiblemente en lugares aislados como polígonos comerciales o áreas de servicio. En estos lugares, los delincuentes cortan directamente los conectores y los cables, lo cual es un procedimiento relativamente fácil y rápido, a pesar de que las estaciones puedan estar reforzadas. Estas operaciones pueden llevarse a cabo en aproximadamente un minuto y suelen involucrar a dos o tres individuos, lo que dificulta su detección in situ. Además, los delincuentes suelen operar de una tacada en toda una zona, lo que resulta en daños significativos en múltiples estaciones de recarga y en la creación de un agujero considerable en esa parte de la infraestructura de recarga.
Beneficio rápido a unos costes elevadísimos.
El atractivo de los cargadores representan para los delincuentes se debe a que las mangueras de los cargadores rápidos y ultrarrápidos contienen más cobre, por lo que los ladrones suelen seleccionar instalaciones de alta potencia. El cableado, que mide entre tres y cuatro metros, puede ser comercializado en el mercado negro por un valor que oscila entre los 50 y los 90 euros. Sin embargo, el reemplazo de una manguera puede incurrir en costos que rondan los 600 euros, a los cuales se suman otros daños o desplazamientos técnicos.
En consecuencia, el coste total de cada ataque puede situarse entre 5.000 y 8.000 euros, pudiendo superar los 10.000 o incluso los 20.000 euros en los casos más graves. No obstante, el aspecto económico no es el único factor a considerar, ya que también es necesario tener en cuenta el tiempo necesario para la recuperación del servicio. Una estación vandalizada puede experimentar interrupciones en su funcionamiento por un período comprendido entre una semana y quince días, dependiendo de la disponibilidad de repuestos y de las tareas de reparación necesarias. Esta situación conlleva una disminución de ingresos y, para los conductores, implica una infraestructura menos fiable.
Ante esta situación, las compañías están implementando nuevas medidas de protección, como fundas anticorte para las mangueras, sistemas de localización GPS y marcas forenses para identificar el material recuperado. Sin embargo, por el momento, estas medidas no parecen ser suficientes para controlar el problema.
Escrito por José Miguel Fernández Gómez.
