Estas propuestas trascienden la seguridad del software y podrían incluir la exigencia de implementar medidas físicas contra la manipulación indebida en los puntos de recarga públicos, tales como precintos de protección, sensores para detectar el acceso no autorizado y notificaciones en caso de intento de acceso a los componentes internos. Por otra parte, se plantea la necesidad de que todos los cargadores públicos estén equipados con contadores eléctricos que cumplan con el Reglamento sobre instrumentos de medida de 2016. Para garantizar la precisión de las mediciones de electricidad suministrada, es fundamental que los dispositivos cumplan con los requisitos mínimos de la Clase B, establecidos en un 2 % de precisión. La medida en cuestión tiene como objetivo principal reducir el riesgo de manipulación de los contadores y proteger a los consumidores y a los operadores de puntos de recarga frente al fraude.

            El Ministerio de Transporte (DfT) ha indicado que, en la actualidad, no se establecen requisitos específicos de ciberseguridad para los puntos de recarga públicos. Sin embargo, los cargadores domésticos y los pequeños cargadores no domésticos ya están sujetos a los requisitos establecidos en el Reglamento de 2021 sobre vehículos eléctricos (puntos de recarga inteligentes). En caso de que se aprueben los requisitos propuestos, estos se aplicarían a los cargadores públicos de nueva venta o instalación. No sería imperativo adaptar los equipos ya existentes, pero las unidades de sustitución deberían cumplir con dichos requisitos.